La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) considera que el país debe concentrarse en los proyectos que permitan una verdadera reactivación económica, real y factible y dejar de lado iniciativas como el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe).
Según la organización empresarial, dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica. UCCAEP reitera que está a favor de la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible, no obstante, para armonizar ese desarrollo se necesitan consensos y escucha activa al sector productivo.
“El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del Gobierno lo consultó de previo a la firma. El proyecto de ley nunca fue puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo, ni a nivel de Comisión, ni en el Plenario. Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, precisó José Álvaro Jenkins, Presidente de UCCAEP.
Para la UCCAEP las principales preocupaciones son:
- Se crea un mecanismo inadecuado de participación del público en los procesos de toma de decisiones, por lo que eso habilita un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizados, por acción de cualquier persona, especulación o imaginación que la actividad, proyecto, o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente. Costa Rica está abrumada de trámites y trabas que dificultan el emprendimiento y la iniciativa y el acuerdo habilita un nivel de apertura a sanciones al empresario, que atenta y limita la iniciativa e inversión empresarial en vez de promoverla.
- Si alguien es acusado de una falta ambiental debe probar que no está haciendo el daño. De esta manera, el acusador afirma una situación y la empresa tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando la presunción de inocencia garantizada por nuestra Constitución Política.
- Se compromete al Estado a darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño, deteniendo la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectando la inversión.
- Excede la base normativa y no incorpora innovación a lo ya establecido en Costa Rica para brindar participación a las personas, el acceso a la información pública y el acceso efectivo a la justicia en materia ambiental.
- El Acuerdo se basa en la protección del derecho a la información, sin considerar ni ponderar el derecho a la protección de la información confidencial, garantizado en nuestra Constitución.
- Además, posee definiciones ambiguas como, por ejemplo, la definición de “autoridad competente” a organizaciones privadas, usurpando potestades públicas por parte de organizaciones particulares.
La UCCAEP insta a las señoras y señores diputados, así como al Poder Ejecutivo a impulsar medidas que reactiven nuestra economía, permitan generar empleo, atraer inversiones e impulsar nuestra producción para salir de la penumbra económica. Todo lo anterior se logra con proyectos claros, consecuentes con la realidad económica nacional y que vayan de la mano con el sector productivo.
En aras de tramitar los temas de reactivación y priorizar lo que realmente requiere el país, se solicita el retiro del conocimiento del periodo de sesiones extraordinarias de esta iniciativa. En caso contrario, se solicita firmemente a las diferentes fracciones parlamentarias votar en contra de este proyecto.